El presidente estadounidense, Barack Obama, abrió ayer una puerta para el enjuiciamiento a los autores de la doctrina jurídica que respaldó el uso de torturas en la lucha antiterrorista, mientras que una organización de derechos humanos pidió que la justicia investigue las torturas.La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) pidió a la justicia norteamericana que investigue la práctica de torturas en la lucha antiterrorista, durante el gobierno de George W. Bush.
Obama hizo una distinción entre los agentes que llevaron a cabo interrogatorios severos permitidos por la Casa Blanca tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 y los funcionarios jurídicos que justificaron esos métodos.
El presidente estadounidense repitió que sería “inapropiado” juzgar a los agentes que aplicaron las torturas, pero justificó una acción legal sobre los ideólogos que respaldaron estas prácticas por parte de la CIA en los interrogatorios a acusados de terrorismo durante el gobierno de Bush.
“Con respecto a aquellos que tomaron esas decisiones legales, diría que esto correspondía más a una decisión del fiscal general”, precisó el Mandatario.
El Gobierno estadounidense difundió el jueves cuatro documentos redactados por Jay Bybee y Steven Bradbury, abogados del departamento de Justicia durante el Gobierno de Bush, que daban el marco legal al programa de interrogatorios a los acusados.
Dichos interrogatorios incluían técnicas ampliamente consideradas como tortura, como el caso del “submarino”, en el cual al detenido se le impide respirar hasta estar cerca de la asfixia.
Los textos hechos públicos incluyen una larga lista de cosas que se le podía hacer a un prisionero.
Se menciona, por ejemplo, obligarlos a estar desnudos, golpearlos en la cara y el abdomen, impedirles dormir, someterlos a “posiciones estresantes” y manipular su alimentación, todo lo cual -según los funcionarios- no podía ser considerado tortura. La ACLU, en 2007 denunció a una empresa aérea sospechosa de participar en los vuelos secretos de la CIA.
La demanda fue contra una filial del grupo Boeing sospechosa de haber sido uno de los principales proveedores logísticos de los aviones usados por la inteligencia norteamericana.
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