La diócesis católica de Wilmington(Delaware, EEUU) se declaró el en bancarrota para hacer frente a los eventuales pagos a las víctimas de abusos sexuales por parte de sus sacerdotes.Se trata de la séptima diócesis en el país que pide este tipo de protección, en este caso en la víspera del arranque de un juicio contra un cura que ya fue expulsado de la institución religiosa.
"Es una decisión dolorosa, una por la que había rezado que nunca tuviera que tomar", explicó en un comunicado el obispo de Wilmington, W. Francis Malooly. "Sin embargo, creo que no tenemos otra opción y que acogernos al capítulo 11 [de la Ley de Quiebras] proporciona la mejor oportunidad, con recursos limitados, de proporcionar el trato más justo posible a todas las víctimas de abusos sexuales por sacerdotes de nuestra diócesis".
Entre su capital activo y pasivo, la organización calcula que dispone de 150 a 600 millones de dólares (entre 100 y más de 400 millones de euros).
El anterior obispo, Michael Saltarelli, reveló hace tres años los nombres de 18 curas que habían admitido o confirmado las acusaciones de abuso de menores. "Esa información está en los documentos del tribunal para el juicio que comienza el día 19 y no creemos que vayan a salir a la luz nuevos hechos significativos durante el proceso", indicó Malooly, su sucesor en el cargo.
En total, la diócesis —con 140 años de antigüedad, 233.000 fieles, 58 parroquias y 27 colegios en Delaware y Maryland— se enfrenta a 142 acusaciones. Inicialmente intentó negociar un acuerdo con todos los demandantes, pero las conversaciones fracasaron.
Las otras seis diócesis que se han acogido desde 2004 al capítulo 11 han sido Portland (Oregón), San Diego (California), Tucson (Arizona), Spokane (Washington), Davenport (Iowa) y Fairbanks (Alaska).
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