El Salvador ha dado un giro radical a su tradicional política en materia de derechos humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad "plena" del Estado en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 por los escuadrones de la muerte. De esta forma el Estado se compromete a avanzar "sin condicionamientos" en el proceso de reparaciones y diálogo nacional.Monseñor Romero murió en 1980 a los 63 años tiroteado por un comando ultraderechista cuando celebraba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer, en la capital salvadoreña.
Antes de morir, Romero advirtió desde el púlpito del peligro de que en El Salvador se desatara una guerra civil, un hecho que su asesinato precipitó, originando una contienda que duró 12 años y se cobró más de 75.000 vidas, 12.000 heridos y 8.000 desaparecidos.
El Estado salvadoreño "declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades" las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso, ha anunciado el Director General de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.
Esto supone el "inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones", agregó.
En el año 2000 la CIDH, que había admitido el caso de monseñor Romero siete años antes, concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido.
En este sentido, recomendó al Estado del país centroamericano realizar una "investigación judicial completa, imparcial y efectiva" para "identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales" del asesinato de Romero.
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