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"En Arizona hemos tenido mucha paciencia esperando que Washington actúe, no podemos esperar más, la falta de acción del Gobierno federal ha creado una inaceptable y peligrosa situación", aseveró la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien calificó su decisión como un "paso más" para proteger a ese estado.
La ley 1070, que promulgó hoy Brewer y ha desatado un intenso debate a nivel nacional, convierte en delito menor la presencia ilegal en el estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos policíacos, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.
La gobernadora aseguró que, pese a las fuertes críticas en contra de la medida, ésta no violará los derechos civiles de los residentes del estado.
"Esta ley será aplicada por igual, sin importar la raza, el color de piel o el acento de las personas", sostuvo la republicana Brewer durante una conferencia de prensa después de promulgar la legislación en la sede del Departamento de Transporte estatal en Phoenix.
La gobernadora prometió que las agencias del orden estatales y locales tendrán un nuevo entrenamiento que incluirá lo que es y lo que no es una "sospecha razonable" de que una persona es inmigrante ilegal y enfatizó que en Arizona no se "tolerará" el perfil racial.
"La violencia generada por el tráfico de drogas y de humanos en la frontera es un tema crítico para la gente de nuestro estado, no hay ninguna prioridad más alta que la de proteger a los ciudadanos de Arizona", señaló la gobernadora, para quien el estado no puede sacrificar su seguridad ante las acciones de los carteles de la droga mexicanos.
La nueva ley estatal convierte también en un delito menor si un extranjero no trae consigo sus documentos migratorios al momento de ser detenido por las autoridades, algo que de acuerdo con Brewer también contemplan las leyes federales de inmigración.
Actualmente en el estado de Arizona, donde según cifras oficiales viven 460.000 indocumentados, hay 170 agencias del orden, las cuales en conjunto cuentan con más de 16.000 agentes.
Durante su discurso, Brewer abrió la puerta para que se presenten posibles modificaciones para mejorar la nueva ley estatal antes de que termine el presente año y dijo estar al tanto de las posibles demandas en contra de ésta.
La ley 1070 entrará en vigor 90 días después de que el Legislativo estatal finalice su presente sesión, lo que podría ocurrir a finales de mayo.
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