Madrid. El Premio Nobel de Literatura José Saramago, fallecido el pasado 18 de junio, había sido sancionado el 21 de abril de este año por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional a pagar a la Hacienda española más de 717 ,000 euros por los ejercicios fiscales de 1997 a 2000, debido a que supuestamente el escritor portugués, no podía justificar su residencia fiscal en Lisboa. Sus representantes legales han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo aduciendo que durante ese periodo pagó sus impuestos en Portugal.
La Justicia española afirma que Saramago tenía su domicilio en Lanzarote, donde estaba empadronado, poseía tarjeta de residente en España y recibía ingresos de entidades españolas.
Los abogados, en representación de su heredera y viuda, Pilar del Río, recuerdan que él abandonó Portugal en 1993, pero que siempre mantuvo los vínculos con su país, donde viven hija y nietos; fue candidato a las elecciones europeas en 1999 y creó en 2007 la Fundación José Saramago. "Su ruptura con el Gobierno portugués no significó la interrupción de los lazos vitales y económicos que le unían con su país", dicen los abogados.
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