Esta decisión oficial se debe a que nueve de cada 10 personas, entre las 14,000 que fueron asesinadas en Venezuela tan sólo en 2010, murieron, al menos, por una bala.
La medida forma parte de un plan general para reducir la tasa nacional de homicidios que, de acuerdo con cifras oficiales, es de 48 entre cada 100,000 habitantes, y que, en el último quinquenio, está entre las más altas de América Latina.
“Ya nadie va a poder tener armas nuevas. La venta de armas sólo se hará para los cuerpos de policía y para nuestras Fuerzas Armadas. La tendencia es hacia [sic] desarmar a la población civil”, ha explicado este viernes el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, a través de un comunicado.
A partir de ahora también deberán cerrar sus puertas las 80 tiendas de armas que aún funcionan en el país, de las más de 3,000 que existían en 1998.
La compra y venta de armas y proyectiles quedará entonces en manos de la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que desde 1975 fabrica, importa y distribuye armamento y explosivos para los organismos de seguridad del Estado, y será regulada por el Ministerio de Interior y Justicia.
El 29 de febrero pasado, el Gobierno venezolano también decidió suspender la tramitación de nuevos permisos de porte de armas para los civiles y ha comenzado a levantar un registro del parque que se encuentra en manos de ciudadanos y cuerpos de seguridad.
De acuerdo a las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Interior y Justicia en 2009, en el país circulan entre 9 y 15 millones de armas ilegales y es muy fácil tener acceso a ellas.
Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Edwin Rojas, entre 2003 y 2012, se han incautado y destruido en el país unas 270 armas de fuego que estaban en manos de bandas criminales, pero aún queda mucho por hacer.
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