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| Hipólito Mejía |
A pocos días de la juramentación del nuevo gobierno, me dirijo al país para reiterar el compromiso, que anunciamos el 22 de mayo, de que trabajaremos junto al pueblo para hacer realidad sus aspiraciones por mejores condiciones de vida y por el rescate y fortalecimiento de las instituciones democráticas de la nación.
En ocasión de finalizar el mandato del actual gobierno y el ascenso al poder de un nuevo presidente, fruto de un proceso electoral altamente cuestionable, le hablo al país, en nombre de más de dos millones de dominicanos y dominicanas, que votaron a favor de nosotros y de las propuestas que hicimos a nombre del Partido Revolucionario Dominicano y los partidos aliados.
Permítanme expresarles una vez más mi gratitud a las mujeres, hombres y jóvenes, dentro y fuera del país, que desafiaron la feroz campaña de mentiras y diatribas financiada con recursos del Estado y respaldaron con entusiasmo y valentía la esperanza de cambio que representaba nuestra candidatura.
El gobierno que termina deja a nuestra sociedad sumida en un profundo deterioro económico, moral e institucional, producto del ejercicio irresponsable del presidente Leonel Fernández y de la complicidad con que permitió que la corrupción infectara todos los niveles de su gobierno.
Nunca antes en la vida democrática de nuestra nación, un gobierno había sido tan descarado en el uso de los recursos públicos, para el beneficio particular de funcionarios y dirigentes del partido gobernante.
Tampoco ningún gobierno había mantenido la masiva y costosa campaña mediática, que durante estos ocho años ha sostenido Leonel Fernández, tratando de vender la imagen de un presidente que trabaja a favor del bien común.
Se ha pretendido convencer al pueblo de que su legado lo convierte en un Mesías, que busca perpetuarse en la dirección del Estado como garante de la tierra prometida.
Pero la herencia que Leonel Fernández deja al país, es muy distinta al paraíso que dibuja la engañosa y delirante maquinaria de propaganda que le acompaña y que ha costado a la sociedad más de 48 mil millones de pesos durante los 8 años de gobierno peledeista.
Lo cierto y doloroso es que durante el gobierno que finaliza, no se ha resuelto ni un solo de los problemas estructurales de nuestro país, a pesar de ser el gobierno que más recursos económicos ha manejado en toda la historia de la República.
Al contrario, una buena parte de esos problemas se han agudizado y podrían agravarse si permitimos que el país continúe el rumbo que lleva.
A Leonel Fernández le faltó voluntad política para aplicar el 4% del PIB a la Educación y permitió que la enseñanza pública cayera a uno de los tres últimos lugares en el mundo, según el informe del Foro Económico Mundial del 2011.
El desempleo fue otro de los renglones que aumentó durante el gobierno que concluye, lo que se tradujo en un mayor nivel de pobreza para el pueblo dominicano. Sólo en las zonas francas textiles se perdieron más de 90 mil empleos.
Según afirma el Foro Económico Mundial la competitividad del país cayó del lugar 64 al 110 de un total de 142 países evaluados.
Esto ha repercutido en el estancamiento de nuestras exportaciones y en el aumento desmesurado de las importaciones, que ya sobrepasan los 18 mil millones de dólares.
Como señalan los empresarios, el fracaso del gobierno en el manejo del sistema eléctrico es una de las principales causas de la baja competitividad de los sectores productivos.
El gobierno del PLD deja una deuda con los generadores superior a los 800 millones de dólares y una carga al Estado que supera los mil millones de dólares anuales de subsidio, aunque la tarifa fue aumentada en más de un 33 porciento.
Ahora los apagones son más frecuentes e interminables y los dominicanos pagamos la energía eléctrica más cara de la región.
El endeudamiento público, que alcanza niveles verdaderamente alarmantes, también es parte fundamental del legado funesto que nos deja Leonel Fernández.
Su gobierno deja una deuda pública superior a los 25 mil millones de dólares, equivalente a la astronómica suma de 980 mil millones de pesos, monto que representa más de dos veces el presupuesto anual de la Nación.
Ese monto es tres veces la deuda acumulada por el país desde su fundación en 1844, hasta el año 2004.
Lo peor de todo, es que esos recursos no fueron invertidos en la educación ni en la infraestructura productiva del país, sino que fueron usados para financiar los caprichos del Presidente de la República, sin tener en cuenta las necesidades de la gente y sus comunidades.
Una parte sustancial de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de muchos de los funcionarios del gobierno y dirigentes del PLD, como se demostró con el caso de los 130 millones de dólares del préstamo con la Sun Land, sin que nadie haya sido sometido a la acción de la justicia.
Indigna saber que el pueblo tendrá que pagar esas deudas.
Con justa razón, la organización Transparencia Internacional sitúa a la República Dominicana como uno de los tres países más corruptos del mundo. Ese también es un legado, pero un legado funesto de Leonel Fernández.
Donde el Presidente Fernández deja su estampa más triste, es en la creciente e irritante desigualdad social que padece la sociedad dominicana.
Es un hecho comprobado y a la vista de todos, que la desigualdad y la exclusión social, se han agudizado en estos últimos ocho años.
En efecto, en el 2011 el 20% más rico de la población concentraba el 56% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre apenas recibía el 4%.
La periodista de investigación, Minerva Isa, en una publicación reciente señala que en nuestro país sólo el 6% de la población disfruta de un bienestar económico similar al de los países desarrollados, mientras el resto de la población vive en condiciones de precariedad similar a las de los países más pobres del hemisferio.
También, la prestigiosa Corporación Latino Barómetro indica que el 34% de la juventud dominicana ni estudia ni trabaja, cuando este mismo parámetro es de 15% en Sudamérica.
La situación que evidencian estos indicadores pone de manifiesto la obligación ineludible del próximo gobierno de enfrentar con políticas públicas acertadas, el drama de la desigualdad que constituye una amenaza para la paz social.
El estado de inseguridad que se vive en todo el país es otra de las calamidades que nos deja el Presidente Leonel Fernández.
Esto lo comprueba el informe del Foro Económico Mundial que califica a República Dominicana como el país de América Latina que ha experimentado el mayor aumento en el crimen y la inseguridad ciudadana.
La quiebra del sector agropecuario es otro de los mayores fracasos que deja como herencia el gobierno saliente.
La falta de atención a la agricultura y el abandono de la asistencia técnica y el financiamiento al pequeño productor, ha convertido al campo dominicano en el escenario de mayor pobreza del país.
El gobierno de Leonel Fernández quebró a los productores agropecuarios a quienes les adeuda la suma de 6 mil 617 millones de pesos.
Sólo a los arroceros, les adeuda mil 250 millones de pesos por concepto de pignoración.
La producción de pollo, leche y cerdo está expuesta a un peligroso descalabro, debido a la irresponsable importación de estos bienes, permitida y estimulada por la administración saliente, así como por la falta de una política de apoyo a la siembra de granos para la industria pecuaria.
El Presidente Leonel Fernández prefirió favorecer a un pequeño grupo de privilegiados, a quienes las importaciones les generan colosales comisiones, sin importarle que las mismas destruyan el aparato productivo nacional.
Esta realidad se evidencia en el hecho de que en el año 2004 la importación de alimentos fue de 460 millones de dólares, mientras esas mismas importaciones aumentaron a mil 200 millones de dólares en el 2011, para un incremento de 257 porciento.
La privatización de las empresas públicas constituye otra herencia dolorosa de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana.
Este proceso ha significado la pérdida de miles de empleos, el abandono de importantes recursos productivos generadores de riquezas y el creciente impacto fiscal, como ha sucedido con el sector eléctrico.
Sólo con la destrucción de la industria azucarera estatal, el país perdió más de 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos. Esto ha sumido en la pobreza a amplios segmentos poblacionales que dependían de la industria cañera.
En el plano institucional, la huella de Leonel Fernández no puede ser más siniestra.
En efecto, la concentración de todos los poderes públicos que se ha agenciado el Presidente de la República, es una verdadera amenaza al equilibrio y al control que requiere el buen funcionamiento de una genuina democracia política y social, única garantía del ejercicio plural de los derechos y deberes ciudadanos.
Hoy, las instituciones del sistema judicial son más débiles porque están sujetas a la voluntad del Poder Ejecutivo. Hoy, no podemos hablar de un verdadero Estado Social de Derecho.
Es penoso ver cómo la mayoría de los responsables de aplicar la Constitución, los códigos y las leyes, las interpretan de acuerdo a las instrucciones y conveniencia de aquel a quien consideran su dueño.
La degradación política promovida por Leonel Fernández mediante el uso de los fondos públicos, para comprar conciencias, voluntades y votos, es parte de la triste herencia que nos deja el gobierno que termina.
Es un hecho documentado que el gobierno del PLD, con el silencio cómplice de la Junta Central Electoral, utilizó más de 60 mil millones de pesos de los fondos públicos, en el proceso electoral recién pasado, para financiar toda clase de abusos y componendas, para impedir que la voluntad del pueblo se hiciera realidad en las urnas.
Los señalamientos anteriores evidencian que el país tiene retos tan cruciales, que para el gobierno enfrentarlos con éxito necesita, más que nunca, de la concertación con las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales.
Una concertación basada en el respeto a la vida interna de las organizaciones, y un compromiso a partir de una agenda que contemple la solución de los principales problemas de la nación.
Quiero expresarle con toda claridad al presidente Danilo Medina que la actitud que asumiremos frente a su gobierno, dependerá más que de las palabras, de los hechos de su gestión.
Estamos conscientes que el país no resiste que el nuevo gobierno continúe la carrera irresponsable de gastos extravagantes, propios de las administraciones del PLD.
Es tiempo de austeridad. Y voy a decirlo bien claro: nosotros no apoyaremos ninguna reforma tributaria que perjudique a la población, ni a los sectores productivos.
Nos mantendremos vigilantes para impedir que sea el pueblo quien pague el desastre financiero creado por el gobierno saliente, que en lo que va de año acumuló un déficit fiscal de 78 mil 270 millones de pesos.
Nuestros economistas proyectan que para finales de diciembre, este déficit se situará en 118 mil millones de pesos, lo que tendrá graves consecuencias para las familias dominicanas.
El contacto directo que tuvimos con los sectores nacionales, en busca de la Presidencia de la República, lo retomaremos a partir de los próximos días para trabajar junto a la sociedad organizada, y procurar que el gobierno cumpla con su deber de solucionar los problemas que afectan a la mayoría del pueblo.
Seremos porta-estandarte de las demandas de la sociedad. Allí donde la gente lucha y se esfuerza por mejores condiciones de vida, allí estaremos presentes.
El deber de cada perredeista, es trabajar para que el Partido Revolucionario Dominicano siga siendo la voz fuerte, democrática y comprometida con la libertad, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones.
Los hombres y mujeres que amamos nuestro Partido no permitiremos que la voz del PRD sea silenciada, como buscan aquellos que pretenden sembrar la desesperanza y desmoralizar a nuestra organización para ponerla al servicio de particulares intereses.
Ningún perredeista debe prestarse a hacer negocios con la política y mucho menos a hacerle el juego al gobierno.
Somos conscientes, que sólo el trabajo, el apego a los principios, la disciplina y el respeto a los méritos de los compañeros y compañeras, garantizan la unidad y la fuerza que se necesita para alcanzar el poder, y desde el poder construir la democracia social y establecer en el país un verdadero Estado Social de Derecho.
Los perredeistas tenemos que fortalecer los organismos de nuestro Partido y abrir la organización a todas las personas interesadas en participar en política.
En el PRD no debe haber lugar para el autoritarismo, ni para el irrespeto a los estatutos.
Con ese espíritu, debemos encaminarnos desde ya, hacia la convención del año próximo, como mandan nuestros Estatutos.
Este será el mejor tributo que podemos rendir a la memoria de nuestro líder de siempre José Francisco Peña Gómez.
La construcción de una verdadera democracia, es aún una tarea pendiente en nuestra sociedad, a la cual quiero referirme.
En las elecciones pasadas, el gobierno cometió graves y serias irregularidades que demuestran la fragilidad de nuestro sistema político.
En ese proceso se vulneró el derecho fundamental de elegir y ser elegido en condiciones de igualdad.
Nuestra sociedad no puede permitir que se repitan en unas elecciones el abuso de poder, la compra de conciencias, la violación de los derechos ciudadanos, la participación activa de militares, policías y miembros del Ministerio Público, que todos vimos el pasado 20 de mayo.
Estamos decididos a impulsar acciones y políticas públicas que fortalezcan el ejercicio democrático y contribuyan a erradicar, de una vez y por siempre, esas malas prácticas.
Consecuentemente, invitamos a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil y a los ciudadanos independientes, a trabajar juntos por la aprobación de una Ley Electoral, así como una Ley de Partidos Políticos y una Ley de Garantías Electorales que sean fruto de la concertación.
Presidente Danilo Medina, tenemos un compromiso con el país, por lo que siempre estaremos dispuestos a ofrecerle nuestro concurso en aquellas acciones dirigidas a beneficiar a las grandes mayorías.
En ese sentido, el país espera que a partir del 16 de agosto su gobierno impulse, entre otras, las siguientes acciones:
Honrar el compromiso del 4% a la Educación, que firmamos bajo los auspicios de la Sociedad Civil.
Apoyar los sectores productivos, especialmente el sector agropecuario, el industrial, el turístico, las micro, pequeña y mediana empresas, la metalmecánica, la minería y las exportaciones.
Ejecutar políticas que promuevan la generación de empleos, especialmente, para los jóvenes y las mujeres, así como la reducción del alto costo de la vida.
Sanear y consolidar el Sistema Dominicano de Seguridad Social para que ninguna persona carezca de la justa protección del Estado.
Perseguir y castigar de manera eficiente la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.
Garantizar la seguridad ciudadana.
Enfrentar el grave problema de la energía eléctrica.
Distribuir equitativamente la inversión pública con criterios regionales y sectoriales.
Y, promover la aprobación de las leyes Electoral, de Partidos Políticos y de Garantías Electorales.
Pueblo dominicano, estoy convencido que para superar los grandes desafíos de nuestra sociedad, es imperativo que el nuevo gobierno sea capaz de dar ejemplo de trabajo, austeridad, transparencia y comedimiento en la conducción de los asuntos públicos.
Pido a Dios Todopoderoso que ilumine y bendiga a nuestro pueblo.
Muchas gracias.
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