El Código Procesal Penal dispone que desde el momento en que el Ministerio Público solicita la aplicación de una medida de coerción, tiene el imputado derecho a:
i) ser informado del hecho que se le atribuye y las circunstancias de tiempo, lugar y modo, incluyendo los medios de pruebas existentes en ese momento, así como también las disposiciones legales que se consideren aplicables;
ii) Conocer la identidad de quien realiza el arresto, la autoridad que lo ordena y bajo cuya guarda permanece;
iii) comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección y con su abogado para notificarles sobre su arresto;
iv) ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un defensor de su elección, y a que si no puede pagar los servicios de un defensor particular el Estado le proporcione uno;
v) reunirse con su defensor en estricta confidencialidad
vi) no autoincriminarse, y en consecuencia, puede guardar silencio en todo momento sin que esto le perjudique, o sea, utilizado en su contra.
De modo particular el CPP expresa al respecto que "no puede ser sometido a malos tratos o presión para que renuncie a este derecho ni ser sometido a técnicas o métodos que constriñan o alteren su voluntad". (Es obvio que toda esta enumeración de medidas que deben adoptar las autoridades respecto del imputado busca hacer efectivo su derecho de defensa);
vii) recibir durante el arresto un trato digno, no pudiendo aplicársele métodos que entrañen violencia innecesaria o el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. (Se trata de garantizar con estas disposiciones el derecho a la vida del imputado y a su integridad física y sicológica);
viii) Ser presentado ante el juez o el ministerio público sin demora y siempre dentro de los plazos que establece este código. (Se preserva así el derecho de todo imputado a una administración de justicia pronta y al juez natural);
ix) no ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga a peligro ( garantizándose así al imputado su derecho a que se le presuma inocente y a su honra y reputación).
Adicionalmente, y a fin de garantizar aun más estos derechos al imputado, el CPP dispone de varias medidas y efectos en caso de su violación: 1º.- El Ministerio Público, los funcionarios y agentes y los jueces tienen "la obligación de hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible sobre sus derechos, procurar su salvaguarda y efectividad'; 2º.- Se hace responsable y pasible de sanción el funcionario o agente que vulnere, permita o instigue el atentado o violación de cualesquiera de estos derechos; y 3º.- Resultan nulos los actos realizados en violación de estos derechos y los que sean su consecuencia.
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