POR HÉCTOR RODRÍGUEZ-CRUZ
Considerar el comportamiento ético de los políticos como una exigencia social convierte en obligatoriedad el ajustar su comportamiento público y privado a las normas éticas válidas para todos los ciudadanos y, de manera especial, a todo lo que respecta al buen quehacer político. De ahí que resulta esclarecedor lo expresado al respecto por López Calera (1997): "exigir que los políticos respeten determinadas reglas morales es una exigencia social. Y así debe asumirse en toda democracia.
En el escenario político actual se valoran mucho las muestras de ejercicio ético. Una manifestación de esto lo observamos en el primer periodo de gobierno del Presidente Obama, cuando pidió perdón al pueblo norteamericano por haberse equivocado al nombrar a Tom Dachs en el Ministerio de Salud, y quien debió renunciar por evasión de impuestos. Como expresa Dick Morris en su obra el Nuevo Príncipe (1995), en la medida que los votantes se han vuelto más capaces de expresar su opinión, su desconfianza en los partidos y en los políticos se ha vuelto más profunda y visible. Los electores insisten en examinar cada candidato, al margen del partido que representa. Cada vez más los ciudadanos exigen a los políticos una mayor responsabilidad política y la práctica pública y privada de virtudes cívicas.
¿Cómo saber, entonces, cuando un político asume éticamente su quehacer político? Existen "pistas morales" para la constatación del comportamiento ético de los políticos, tales como el cumplir con las promesas electorales, hacer uso adecuado y honesto de los fondos públicos, no utilizar los fondos públicos para gastos lujosos y suntuarios, no hacer uso de la práctica de compra de votos, evitar el nepotismo y el tráfico de influencia y no recibir dinero de fuentes ilícitas.
Si convirtiéramos estas "pistas" en ítems de un examen para los políticos (y funcionarios) dominicanos, ¿cuántos pasarían la prueba? Pareciera que aquí en nuestro país existe el examen y el organismo que debería aplicarlo. Pero en verdad, este examen ni se aplica, ni se echa de menos. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, "órgano rector de la ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental", que debería aplicarlo y reprobar a muchos, es, pero no es; existe pero no existe, pese a la amplia siembra de Comités de Ética en las oficinas públicas, como pretendida salvaguarda de la ética pública. Pero más allá de pensar que "no podemos hacer nada" para cambiar la realidad, habremos de hacer nuestra la sentencia de Serani Pradenas (2006): "Las virtudes se alcanzan en la opción voluntaria de vivir en sociedad donde se cautela el bien de todos". Y debemos emprender esta necesaria vigilancia sin miedo, sin temor.
El sueño de los políticos dominicanos es "llegar a la administración pública". ¡Qué bueno sería que llegaran allí encarnando los principios de la ética pública! Sin embargo, ¡qué tragedia para el país si dejan estos principios en el sótano de su casa! Y es que precisamente la "ética pública" se refiere al perfil, formación y conducta responsable y comprometida de las personas encargadas de las cuestiones públicas. Todo aquel que se integre al ámbito público debe pasar por el filtro de la ética a fin de "ser tocado" por los valores y virtudes públicas ( Oscar Diego Bautista, 2003). Y esto urge, a la administración pública hay que tocarla con la decencia y la honestidad.
¡Exijamos comportamientos éticos a los políticos! ¡Exijamos comportamientos éticos al gobierno! ¡Qué bueno sería que aquellos que tienen poder también tengan ética! Viene al caso lo que dijera Confucio sobre la manera de actuar de un buen gobernante, de un buen político, de un gobernante ético: "El gobernante está obligado, sobretodo, a perfeccionar su inteligencia y su carácter de conseguir la virtud; si obtiene la virtud, recibirá el afecto de su pueblo; si goza del afecto de su pueblo, su poder se extenderá por toda la región; si ha adquirido el poder sobre la región, le resultará fácil alcanzar la prosperidad del Estado". (Citado por Oscar Diego Bautista, 2003). Trabajemos para llevar la ética al poder. ¡Comencemos cuanto antes!
En el escenario político actual se valoran mucho las muestras de ejercicio ético. Una manifestación de esto lo observamos en el primer periodo de gobierno del Presidente Obama, cuando pidió perdón al pueblo norteamericano por haberse equivocado al nombrar a Tom Dachs en el Ministerio de Salud, y quien debió renunciar por evasión de impuestos. Como expresa Dick Morris en su obra el Nuevo Príncipe (1995), en la medida que los votantes se han vuelto más capaces de expresar su opinión, su desconfianza en los partidos y en los políticos se ha vuelto más profunda y visible. Los electores insisten en examinar cada candidato, al margen del partido que representa. Cada vez más los ciudadanos exigen a los políticos una mayor responsabilidad política y la práctica pública y privada de virtudes cívicas.
¿Cómo saber, entonces, cuando un político asume éticamente su quehacer político? Existen "pistas morales" para la constatación del comportamiento ético de los políticos, tales como el cumplir con las promesas electorales, hacer uso adecuado y honesto de los fondos públicos, no utilizar los fondos públicos para gastos lujosos y suntuarios, no hacer uso de la práctica de compra de votos, evitar el nepotismo y el tráfico de influencia y no recibir dinero de fuentes ilícitas.
Si convirtiéramos estas "pistas" en ítems de un examen para los políticos (y funcionarios) dominicanos, ¿cuántos pasarían la prueba? Pareciera que aquí en nuestro país existe el examen y el organismo que debería aplicarlo. Pero en verdad, este examen ni se aplica, ni se echa de menos. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, "órgano rector de la ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental", que debería aplicarlo y reprobar a muchos, es, pero no es; existe pero no existe, pese a la amplia siembra de Comités de Ética en las oficinas públicas, como pretendida salvaguarda de la ética pública. Pero más allá de pensar que "no podemos hacer nada" para cambiar la realidad, habremos de hacer nuestra la sentencia de Serani Pradenas (2006): "Las virtudes se alcanzan en la opción voluntaria de vivir en sociedad donde se cautela el bien de todos". Y debemos emprender esta necesaria vigilancia sin miedo, sin temor.
El sueño de los políticos dominicanos es "llegar a la administración pública". ¡Qué bueno sería que llegaran allí encarnando los principios de la ética pública! Sin embargo, ¡qué tragedia para el país si dejan estos principios en el sótano de su casa! Y es que precisamente la "ética pública" se refiere al perfil, formación y conducta responsable y comprometida de las personas encargadas de las cuestiones públicas. Todo aquel que se integre al ámbito público debe pasar por el filtro de la ética a fin de "ser tocado" por los valores y virtudes públicas ( Oscar Diego Bautista, 2003). Y esto urge, a la administración pública hay que tocarla con la decencia y la honestidad.
¡Exijamos comportamientos éticos a los políticos! ¡Exijamos comportamientos éticos al gobierno! ¡Qué bueno sería que aquellos que tienen poder también tengan ética! Viene al caso lo que dijera Confucio sobre la manera de actuar de un buen gobernante, de un buen político, de un gobernante ético: "El gobernante está obligado, sobretodo, a perfeccionar su inteligencia y su carácter de conseguir la virtud; si obtiene la virtud, recibirá el afecto de su pueblo; si goza del afecto de su pueblo, su poder se extenderá por toda la región; si ha adquirido el poder sobre la región, le resultará fácil alcanzar la prosperidad del Estado". (Citado por Oscar Diego Bautista, 2003). Trabajemos para llevar la ética al poder. ¡Comencemos cuanto antes!
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