Texas no permite retirarle el soporte vital hasta que dé a luz. La familia quiere cumplir sus deseos y suprimir las medidas médicas extraordinarias
Marlise Muñoz, una enfermera de urgencias de Fort Worth (Texas), y su marido Erick, bombero, ya habían decidido qué hacer en el caso de que uno de los dos sufriera un accidente o se encontrara enfermo de gravedad. Pero desde el pasado 26 de noviembre, cuando Erick encontró a su esposa inconsciente en la cocina, no ha podido cumplir con ese deseo. Desde ese mismo día, Muñoz, de 33 años, sobrevive con respiración asistida. Los médicos comunicaron a la familia que su estado es de muerte cerebral, según han declarado sus miembros. Cuando los Muñoz expresaron su deseo de retirar la asistencia a Marlise, los responsables del hospital John Peter Smith se negaron porque está embarazada. En estos momentos, su gestación alcanza las 20 semanas.
“Lo que queremos es dejarla descansar. Lo que están haciendo no tiene sentido”, declaró el padre de Muñoz, Ernest Machado, al Dallas Morning News. “Ahora solo es un recipiente para un feto”, añadió. Su esposo, Erick, también ha solicitado que los médicos suspendan el tratamiento que la mantiene con vida en la UCI. Desconocen si el estado de Marlise, que pudo sufrir una embolia pulmonar, ha afectado también al feto.
El caso ha abierto un intenso debate sobre los principios éticos que rigen este tipo de decisiones y hasta dónde puede llegar la ley con una embarazada con muerte cerebral. La legislación de Texas, similar a la de otros 12 Estados, es sin embargo una de las más restrictivas en este ámbito —también en materia de aborto— y obliga desde 1999 a mantener las funciones vitales de la madre mientras su embarazo sea viable.
La portavoz de la red de hospitales John Peter Smith, Jill Labbe, afirma que el centro “está obligado a proporcionar atención médica a todos sus pacientes”, entre los que incluye a Marlise, y que “siempre cumplirán con la legislación”. Sin embargo, varios expertos han puesto en duda que la interpretación del hospital sea correcta.
Thomas Mayo, profesor de la Southern Methodist University de Texas y experto en legislación sanitaria y bioética, rechaza que la normativa estatal impida retirar la respiración asistida a una paciente en caso de embarazo porque, según Mayo, la ley también reconoce que el embarazo nunca se puede emplear como único argumento para determinar si mantener con vida o no a una mujer.
“Si además se ha declarado la muerte cerebral de la paciente, no hay ninguna decisión médica que tomar. El hospital no puede emplear esta ley para justificar sus argumentos”, añade Mayo. El experto, acostumbrado a consultar con médicos en casos similares, explica, sin embargo, que el hospital tiene una buena razón para mantener con vida a Marlise: la ley le otorga inmunidad en el caso de una demanda criminal o administrativa.
La familia ha defendido ante varios medios que los doctores les informaron de que Muñoz, madre de otro niño de año y medio, había sido diagnosticada con muerte cerebral. El hospital dice, semanas después, que no puede confirmar esa información, clave para interpretar si su decisión se ajusta o no a la ley. “Todos los Estados reconocen que la muerte cerebral de un paciente lo convierte en una persona legalmente muerta”, añade Mayo. “La paciente es ahora un cuerpo sin vida utilizado para incubar un feto”. El profesor interpreta que la ley defendida por el hospital prevalece en el caso de que se atienda a la madre, pero ahora el único paciente es un bebé de 20 semanas.
El centro alega, por el contrario, que Muñoz todavía es una paciente en la UCI y “su condición médica es grave”. Según la portavoz, el hospital, con más de 500 camas, ve todos los días como los pacientes y sus familias “toman decisiones difíciles”. “Nuestra postura siempre es la misma: cumplimos la legislación”.
El Congreso de EE UU aprobó en 1991 la Ley de Autodeterminación del Paciente, que exige a todos los hospitales y centros de atención públicos que informen a los pacientes de su derecho a preparar un testamento vital. En este texto legal, cualquier paciente puede especificar decisiones sobre el tratamiento que quiere recibir en el caso de una enfermedad grave, así como especificar si delega esta decisión en otra persona.
Sin embargo, la normativa de Texas es una de las que invalidan de manera “automática” el testamento vital de la paciente si está embarazada. La ley estatal prevalece sobre la federal porque esta no obliga a los médicos a informar a las pacientes de que no se va a respetar su decisión si están embarazadas, según explica un informe del Centro de Políticas para la Mujer, con sede en Washington.
Otros 10 Estados reconocen además que se debe mantener con vida a la paciente si se considera probable que el feto se va a desarrollar hasta su nacimiento. Las autoras del informe, Megan Greene y Leslie Wolfe, destacan también que ninguno de los estatutos “incluye una excepción para las pacientes cuya vida sea prolongada con dolor o que sufran daños físicos mientras se las mantenga vivas”.
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| Marlise Muñoz, con su marido y su primer hijo. / FACEBOOK |
“Lo que queremos es dejarla descansar. Lo que están haciendo no tiene sentido”, declaró el padre de Muñoz, Ernest Machado, al Dallas Morning News. “Ahora solo es un recipiente para un feto”, añadió. Su esposo, Erick, también ha solicitado que los médicos suspendan el tratamiento que la mantiene con vida en la UCI. Desconocen si el estado de Marlise, que pudo sufrir una embolia pulmonar, ha afectado también al feto.
El caso ha abierto un intenso debate sobre los principios éticos que rigen este tipo de decisiones y hasta dónde puede llegar la ley con una embarazada con muerte cerebral. La legislación de Texas, similar a la de otros 12 Estados, es sin embargo una de las más restrictivas en este ámbito —también en materia de aborto— y obliga desde 1999 a mantener las funciones vitales de la madre mientras su embarazo sea viable.
La portavoz de la red de hospitales John Peter Smith, Jill Labbe, afirma que el centro “está obligado a proporcionar atención médica a todos sus pacientes”, entre los que incluye a Marlise, y que “siempre cumplirán con la legislación”. Sin embargo, varios expertos han puesto en duda que la interpretación del hospital sea correcta.
Thomas Mayo, profesor de la Southern Methodist University de Texas y experto en legislación sanitaria y bioética, rechaza que la normativa estatal impida retirar la respiración asistida a una paciente en caso de embarazo porque, según Mayo, la ley también reconoce que el embarazo nunca se puede emplear como único argumento para determinar si mantener con vida o no a una mujer.
“Si además se ha declarado la muerte cerebral de la paciente, no hay ninguna decisión médica que tomar. El hospital no puede emplear esta ley para justificar sus argumentos”, añade Mayo. El experto, acostumbrado a consultar con médicos en casos similares, explica, sin embargo, que el hospital tiene una buena razón para mantener con vida a Marlise: la ley le otorga inmunidad en el caso de una demanda criminal o administrativa.
La familia ha defendido ante varios medios que los doctores les informaron de que Muñoz, madre de otro niño de año y medio, había sido diagnosticada con muerte cerebral. El hospital dice, semanas después, que no puede confirmar esa información, clave para interpretar si su decisión se ajusta o no a la ley. “Todos los Estados reconocen que la muerte cerebral de un paciente lo convierte en una persona legalmente muerta”, añade Mayo. “La paciente es ahora un cuerpo sin vida utilizado para incubar un feto”. El profesor interpreta que la ley defendida por el hospital prevalece en el caso de que se atienda a la madre, pero ahora el único paciente es un bebé de 20 semanas.
El centro alega, por el contrario, que Muñoz todavía es una paciente en la UCI y “su condición médica es grave”. Según la portavoz, el hospital, con más de 500 camas, ve todos los días como los pacientes y sus familias “toman decisiones difíciles”. “Nuestra postura siempre es la misma: cumplimos la legislación”.
El Congreso de EE UU aprobó en 1991 la Ley de Autodeterminación del Paciente, que exige a todos los hospitales y centros de atención públicos que informen a los pacientes de su derecho a preparar un testamento vital. En este texto legal, cualquier paciente puede especificar decisiones sobre el tratamiento que quiere recibir en el caso de una enfermedad grave, así como especificar si delega esta decisión en otra persona.
Sin embargo, la normativa de Texas es una de las que invalidan de manera “automática” el testamento vital de la paciente si está embarazada. La ley estatal prevalece sobre la federal porque esta no obliga a los médicos a informar a las pacientes de que no se va a respetar su decisión si están embarazadas, según explica un informe del Centro de Políticas para la Mujer, con sede en Washington.
Otros 10 Estados reconocen además que se debe mantener con vida a la paciente si se considera probable que el feto se va a desarrollar hasta su nacimiento. Las autoras del informe, Megan Greene y Leslie Wolfe, destacan también que ninguno de los estatutos “incluye una excepción para las pacientes cuya vida sea prolongada con dolor o que sufran daños físicos mientras se las mantenga vivas”.
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