Por Ing. Hiddekel Morrison
Twitter: @IngMorrison
E-Mail: hmorrison@hmconsultingcc.com
Web: http://www.audienciaelectronica.net
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Las impresoras fiscales son equipos de impresión de facturas o comprobantes fiscales que, desde su fabricación, tienen incorporado un dispositivo de almacenamiento de datos o circuito integrado, que contiene internamente un microcódigo autorizado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para almacenar y enviar al fisco (DGII) todo lo que se imprime en dichas impresoras, permitiéndoles conocer al detalle toda la facturación e ingresos del negocio, comercio o contribuyente donde se encuentra instalada la impresora o solución fiscal. Siendo esa la razón fundamental por la que los comercios y algunos sectores empresariales se oponen, pues se resisten a la transparencia en el manejo de sus operaciones, ya que con dichas impresoras fiscales instaladas no podrán emitir facturas sin Número de Comprobante Fiscal (NCF), como actualmente sucede, con lo que en muchos casos se busca evadir el pago de impuestos.
Según anunció la DGII, la gran mayoría de los comercios en el país no tienen la obligación de instalar impresoras fiscales, pues esto sólo aplica para los negocios que tienen ventas por encima de 7.8 millones de pesos al año o compras por encima de los 30 millones de pesos, de acuerdo al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), además de que se han homologado más de 24 tipos de impresoras fiscales, por lo que el precio de la impresora o solución fiscal dependerá de la naturaleza y el tamaño del negocio.
Aunque reconocemos los esfuerzos económicos que el ser comerciante, empresario o emprendedor en el país requiere, por la falta de eficiencia del Estado, ya que servicios que debería suplir incrementan significativamente los costos operativos de cualquier empresa o negocio por pagos de seguridad, electricidad, etc., hay que también reconocer que un Estado eficiente requiere de recursos económicos que deben venir del fisco y ser aportados por los generadores de riquezas (empresarios y/o comerciantes), que deben favorecer la transparencia de sus negocios y operaciones, ante un Estado obligado a ser cada vez más pulcro en el manejo de los recursos públicos y cuidadoso en su inversión, para que los sectores empresariales y comerciales no se resistan al cumplimiento de sus obligaciones como está pasando actualmente, pero recuerden; "Dura lex sed lex; la ley es dura, pero es la ley".
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Según anunció la DGII, la gran mayoría de los comercios en el país no tienen la obligación de instalar impresoras fiscales, pues esto sólo aplica para los negocios que tienen ventas por encima de 7.8 millones de pesos al año o compras por encima de los 30 millones de pesos, de acuerdo al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), además de que se han homologado más de 24 tipos de impresoras fiscales, por lo que el precio de la impresora o solución fiscal dependerá de la naturaleza y el tamaño del negocio.
Aunque reconocemos los esfuerzos económicos que el ser comerciante, empresario o emprendedor en el país requiere, por la falta de eficiencia del Estado, ya que servicios que debería suplir incrementan significativamente los costos operativos de cualquier empresa o negocio por pagos de seguridad, electricidad, etc., hay que también reconocer que un Estado eficiente requiere de recursos económicos que deben venir del fisco y ser aportados por los generadores de riquezas (empresarios y/o comerciantes), que deben favorecer la transparencia de sus negocios y operaciones, ante un Estado obligado a ser cada vez más pulcro en el manejo de los recursos públicos y cuidadoso en su inversión, para que los sectores empresariales y comerciales no se resistan al cumplimiento de sus obligaciones como está pasando actualmente, pero recuerden; "Dura lex sed lex; la ley es dura, pero es la ley".
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