Los bienes fueron incautados, a raíz de su supuesta sociedad con el presunto autor intelectual del asesinato del periodista José Silvestre.
Mediante la sentencia TC/0072/14, el tribunal declaró inadmisible la acción constitucional contra la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, por existir otra vía efectiva, conforme a lo establecido en el artículo 70.1, de la referida ley núm. 137-11, y que en la especie lo es el juez de la Instrucción de Samaná.
Planteó que al tratarse de una orden de secuestro propia de la materia penal, es el juez de la Instrucción que emitió la orden para que el Ministerio Público realizara las incautaciones correspondientes, quien está facultado para determinar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del impetrante.
Expuso que el Juzgado de Instrucción de Samaná, mediante Auto Jurisdiccional 324-2011, le otorgó a la Unidad Antilavado la autorización de secuestro o confiscación de los bienes, por lo que es al mismo a quien el legislador le otorgó la facultad de resolver todas las peticiones sobre el caso.
Rijo pretendía que el TC ordene a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos la entrega del Gran Aparta Hotel Las Galeras, el cual contiene en su interior 24 apartamentos, piscina, un restaurante de dos niveles, y un club café de dos niveles y demás anexios y dependencias.
Asimismo, descongelar todas las cuentas bancarias y la devolución de sus bienes muebles e inmuebles por violación a derechos fundamentales.
De igual modo, condenar a la Procuraduría Antilavado pago de un astreinte de RD$50,000 por cada día de incumplimiento de la sentencia que intervenga a su favor. La decisión contó con el voto salvado de la jueza Katia Miguelina Jiménez.
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