Por Pedro Domínguez Brito
Los contemplamos descendiendo del avión, llenos de vergüenza, ocultando sus rostros, evitando que los reconozcan. Son nuestros deportados desde los Estados Unidos de América.Sin dudas, son discriminados. Y si se acerca uno, exclamamos alarmados: ¡cuidado, por ahí viene un deportado!, y lo señalamos con el dedo acusador, como inquisidores y moralistas a ultranza, y nos alejamos rápidamente de quien es considerado peligro público, temiendo que nos asesine o nos robe. Hasta he escuchado en los tribunales: “Magistrado, no le haga caso al testigo, es un deportado”. Y la íntima convicción del juez queda viciada.
Este estigma provoca muchos abusos, pues coloca en cuarentena a un grupo numeroso que necesita integrarse en la sociedad, ser entes útiles, hacer sus aportes. He conversado con algunos de ellos, y no son lo que nos venden desde fuera. Uno me dijo: “Pedro, la mayoría de nosotros no somos criminales; en mi caso, fui deportado por un simple problema de tránsito, y así varios de los que viajaron conmigo”.
En el Gran Coloso del Norte el arresto de cualquier inmigrante por un delito menor puede culminar en la deportación, no importa su estatus legal. Aunque la inmigración indocumentada es un delito civil, los inmigrantes son tratados como delincuentes con la deportación como castigo, donde en ocasiones no se distingue entre inocentes y culpables.
Tenemos deportados en cada esquina y muchos no son matones ni narcotraficantes, sino personas que por casualidad del destino o por capricho del sistema fueron apresados en los Estados Unidos de América y traídos aquí a la fuerza.
Para colmo, varios no conocen nuestro idioma, o lo hablan con dificultad. Otros no tienen familiares aquí, y tampoco idea de cómo es nuestra sociedad, pues vienen desde otra cultura, lo que les dificulta adaptarse a nuestra forma de vida.
Naturalmente, hay repatriados que son reales criminales y delincuentes, que han sido protagonistas de situaciones dolorosas y reñidas con la ley, pero las autoridades tienen a mano los expedientes del exterior y saben de lo que son capaces de hacer cada uno.
Por ello valoro esta noticia que leí hace días: “De los 38,000 dominicanos que han llegado deportados desde 1996, alrededor del 60 por ciento han podido entrar al mercado laboral, aunque han tenido que superar muchas barreras. Ese grupo, estimado en más de 22,000, por lo general ha conseguido empleos en call center y empresas de zonas francas. Otros trabajan independientes en sus propios negocios o en empresas de familiares. Algunos son guías turísticos o choferes de sus propios camiones”.
Seamos justos y compresivos con ellos. No les neguemos la oportunidad de ser parte de nuestro desarrollo, que pueden aportar más que muchos de nosotros.
Este estigma provoca muchos abusos, pues coloca en cuarentena a un grupo numeroso que necesita integrarse en la sociedad, ser entes útiles, hacer sus aportes. He conversado con algunos de ellos, y no son lo que nos venden desde fuera. Uno me dijo: “Pedro, la mayoría de nosotros no somos criminales; en mi caso, fui deportado por un simple problema de tránsito, y así varios de los que viajaron conmigo”.
En el Gran Coloso del Norte el arresto de cualquier inmigrante por un delito menor puede culminar en la deportación, no importa su estatus legal. Aunque la inmigración indocumentada es un delito civil, los inmigrantes son tratados como delincuentes con la deportación como castigo, donde en ocasiones no se distingue entre inocentes y culpables.
Tenemos deportados en cada esquina y muchos no son matones ni narcotraficantes, sino personas que por casualidad del destino o por capricho del sistema fueron apresados en los Estados Unidos de América y traídos aquí a la fuerza.
Para colmo, varios no conocen nuestro idioma, o lo hablan con dificultad. Otros no tienen familiares aquí, y tampoco idea de cómo es nuestra sociedad, pues vienen desde otra cultura, lo que les dificulta adaptarse a nuestra forma de vida.
Naturalmente, hay repatriados que son reales criminales y delincuentes, que han sido protagonistas de situaciones dolorosas y reñidas con la ley, pero las autoridades tienen a mano los expedientes del exterior y saben de lo que son capaces de hacer cada uno.
Por ello valoro esta noticia que leí hace días: “De los 38,000 dominicanos que han llegado deportados desde 1996, alrededor del 60 por ciento han podido entrar al mercado laboral, aunque han tenido que superar muchas barreras. Ese grupo, estimado en más de 22,000, por lo general ha conseguido empleos en call center y empresas de zonas francas. Otros trabajan independientes en sus propios negocios o en empresas de familiares. Algunos son guías turísticos o choferes de sus propios camiones”.
Seamos justos y compresivos con ellos. No les neguemos la oportunidad de ser parte de nuestro desarrollo, que pueden aportar más que muchos de nosotros.
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