POR ELISE ZERRATH (ONU MUJER)
La sexualidad es parte de la interrelación en la vida de los humanos. Y en efecto, es esencial para la continuidad de la vida misma.
Si la sexualidad es algo tan fundamental para nuestras vidas, es importante que aprendamos a una temprana edad la forma de abordarla de un modo positivo y responsable. La escuela como lugar crucial para la educación y socialización juega un papel fundamental, ya que es donde se forman las mentes jóvenes. Los jóvenes tienen el derecho a ser informados acerca de las relaciones sexuales, los embarazos, enfermedades de transmisión sexual y las formas de prevenirlas. Sin embargo, sólo el 7% del alumnado en nuestro país reciben educación sexual, privando la mayoría de sus derechos a una información objetiva.
Es casi irónico que vivimos en una sociedad en donde el sexo está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, entre otros, en el baile y en la forma en que nos interrelacionamos. Sin embargo, se excluye a la mayoría de los jóvenes de información imparcial sobre lo que están expuestos a diario. En línea con las demandas religiosas, el enfoque del gobierno hacia la educación sexual en las escuelas es ignórala por completo o moralizarla excesivamente. Sin embargo, ignorar la sexualidad no es el enfoque que muchos jóvenes eligen.
Las políticas públicas deben responder a las realidades sociales y no a directrices religiosas.
La negación del derecho a la educación sexual tiene graves repercusiones: La República Dominicana tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en la región. Para las niñas afectadas, el embarazo a menudo significa el final de un futuro próspero. Si deciden abortar ilegalmente, ponen su propia salud y sus vidas en riesgo. Si tienen el bebé, se ven obligadas a dejar la escuela sin la base educativa para lograr un avance en su vida. Siendo esta la manera en que las niñas son castigadas por las escuelas doblemente: negándoles su derecho a la educación sexual y excluyéndoles de la educación una vez que se embarazan.
Invertir en educación sexual dará sus frutos: Menos embarazos en adolescentes, menos muertes maternas y menos deserciones escolares. Más niñas contarían con educación, que sigue siendo la herramienta más poderosa para romper el círculo de la pobreza. Como sociedad nos beneficiaríamos de la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos de múltiples maneras: gastaríamos menos en los servicios de salud y generaríamos mentes más educadas.
Pero no es sólo un cálculo económico. Es una cuestión del pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes a información que les permita tomar decisiones conscientes y auto-determinadas sobre si de cuándo quieren tener una relación sexual, con la intención de formar o no una familia.
Obviamente, la educación sexual y el acceso a métodos de regulación de la fecundidad no resolverán todos los problemas. El enfoque debe ser integral, involucrando a los padres y posibilitando a las jóvenes opciones que no les limite solo a la maternidad. Sin embargo, la educación sexual es el punto de partida vital. Es el derecho de los jóvenes recibir una educación sexual y es deber del gobierno asegurarlo.
Si la sexualidad es algo tan fundamental para nuestras vidas, es importante que aprendamos a una temprana edad la forma de abordarla de un modo positivo y responsable. La escuela como lugar crucial para la educación y socialización juega un papel fundamental, ya que es donde se forman las mentes jóvenes. Los jóvenes tienen el derecho a ser informados acerca de las relaciones sexuales, los embarazos, enfermedades de transmisión sexual y las formas de prevenirlas. Sin embargo, sólo el 7% del alumnado en nuestro país reciben educación sexual, privando la mayoría de sus derechos a una información objetiva.
Es casi irónico que vivimos en una sociedad en donde el sexo está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, entre otros, en el baile y en la forma en que nos interrelacionamos. Sin embargo, se excluye a la mayoría de los jóvenes de información imparcial sobre lo que están expuestos a diario. En línea con las demandas religiosas, el enfoque del gobierno hacia la educación sexual en las escuelas es ignórala por completo o moralizarla excesivamente. Sin embargo, ignorar la sexualidad no es el enfoque que muchos jóvenes eligen.
Las políticas públicas deben responder a las realidades sociales y no a directrices religiosas.
La negación del derecho a la educación sexual tiene graves repercusiones: La República Dominicana tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en la región. Para las niñas afectadas, el embarazo a menudo significa el final de un futuro próspero. Si deciden abortar ilegalmente, ponen su propia salud y sus vidas en riesgo. Si tienen el bebé, se ven obligadas a dejar la escuela sin la base educativa para lograr un avance en su vida. Siendo esta la manera en que las niñas son castigadas por las escuelas doblemente: negándoles su derecho a la educación sexual y excluyéndoles de la educación una vez que se embarazan.
Invertir en educación sexual dará sus frutos: Menos embarazos en adolescentes, menos muertes maternas y menos deserciones escolares. Más niñas contarían con educación, que sigue siendo la herramienta más poderosa para romper el círculo de la pobreza. Como sociedad nos beneficiaríamos de la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos de múltiples maneras: gastaríamos menos en los servicios de salud y generaríamos mentes más educadas.
Pero no es sólo un cálculo económico. Es una cuestión del pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes a información que les permita tomar decisiones conscientes y auto-determinadas sobre si de cuándo quieren tener una relación sexual, con la intención de formar o no una familia.
Obviamente, la educación sexual y el acceso a métodos de regulación de la fecundidad no resolverán todos los problemas. El enfoque debe ser integral, involucrando a los padres y posibilitando a las jóvenes opciones que no les limite solo a la maternidad. Sin embargo, la educación sexual es el punto de partida vital. Es el derecho de los jóvenes recibir una educación sexual y es deber del gobierno asegurarlo.
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