Por CARLOS E. CUÉ
Tiene 10 años, pesa apenas 34 kilos y mide 1,39, pero está embarazada de cinco meses y va a ser madre. Una niña violada por su padrastro en Luque, una localidad vecina de Asunción, la capital de Paraguay, será forzada a dar a luz si la presión internacional no lo impide. En Paraguay no hay aborto salvo que peligre la vida de la madre, algo que solo se aplicó una vez en 2009 por un embarazo ectópico y después de mucha presión. Diversas organizaciones humanitarias tratan de convencer al Gobierno paraguayo de que la vida de la niña corre peligro, pero de momento el Ejecutivo rechaza tajantemente el aborto y pretende obligar a la niña, separada ahora de su familia, a tener el hijo.
“Es un atentado contra los derechos humanos”, se queja Elba Núñez, de la organización CLADEM. “Este formalmente es un Estado laico, pero hay mucha presión de sectores conservadores”, asegura María José Garcete, de Amnistía Internacional en Paraguay, ambas en conversación telefónica desde Asunción. Las dos organizaciones apoyan a la madre, que ha sido encarcelada por supuesta complicidad con el padrastro, ahora fugado, en los abusos a la niña. La madre, sin embargo, denunció el año pasado los abusos a su hija, entonces solo manoseos, pero nadie los paró.
El ministro de Salud, Antonio Barrios, que antes de saltar a la política era el médico personal del presidente, el conservador Horacio Cartes, ha descartado por completo el aborto. “Si se debía abortar, tuvo que ser antes de la semana 20. El embarazo no será interrumpido. Lo del aborto ya lo hemos descartado por completo”, ha contestado a la prensa local. El caso no es nuevo. Según las estadísticas del hospital de Clínica, el año pasado hubo casi 700 casos de niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz. La mayoría, según las ONG consultadas, son víctimas de violaciones. A ninguna se le permitió abortar, al menos no oficialmente. Nunca se ha aplicado con una niña embarazada el artículo 109.4, que permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo para la vida de la madre. La economía paraguaya ha crecido mucho en los últimos años, pero la pobreza está muy extendida y los embarazos en niñas y adolescentes siguen siendo algo muy habitual.
La juez que lleva el caso y se ocupa de la custodia de la hija, Pili Rodríguez, del juzgado de infancia de Luque, señala en conversación telefónica con EL PAÍS: “Nuestra Constitución protege la vida desde la concepción. No se conocen en Paraguay casos de médicos que hayan interrumpido un embarazo de niñas. Hasta ahora los reportes médicos no hablan de riesgo para la salud de la niña. Serán los médicos los que decidan, no el juzgado. Nosotros debemos proteger a la niña, puesto que su padre hace tiempo que está ausente, la madre está en la cárcel y el padrastro prófugo. De eso nos ocupamos. Lo que tenemos que hacer es replantearnos el sistema de prevención para que esto no vuelva a ocurrir”, explica. El aborto no parece estar encima de ninguna mesa.
La presión internacional, una vez que el caso ha sido difundido, es muy fuerte, pero el Gobierno paraguayo no parece en absoluto dispuesto a ceder. Las ONG reclaman que se cree una junta médica independiente que evalúe los riesgos para la vida de la niña, que ellos ven evidentes por su escasa complexión, con un cuerpo para nada preparado para dar a luz. El embarazo ya está avanzado (cinco meses), por lo que los activistas reclaman que se establezca un protocolo para proteger la vida de la madre.
“El Estado paraguayo ha fallado. La madre fue hasta cuatro veces a denunciar posibles abusos a su hija. Y fue ella la que hace 13 días la llevó al médico. El primero que la vio le habló de los riesgos para la vida y por eso ella reclamó la interrupción del embarazo para salvar la vida de su hija. Y la reacción del Estado ha sido criminalizarla y meterla en la cárcel, donde teme por su vida porque las demás presas la culpan. Todo el mundo se pregunta por qué seguía viviendo con ese hombre, pero ella también es víctima de abusos y sabemos cómo son estas situaciones. La niña está ahora separada de su familia, solo puede ver dos horas a sus tías, es una tortura tremenda”, se indigna Elba Núñez.
“Han dejado pasar 13 días y ahora dicen que es demasiado tarde. Responsabilizamos al gobierno paraguayo de cualquier cosa que pueda pasarle a la niña, es muy débil, esto atenta contra la convención de los derechos del niño que Paraguay firmó”, insiste la activista. De momento la presión crece, y todo indica que se conformará esa junta independiente que las ONG reclaman, pero nadie apuesta a que el resultado sea aceptar un aborto que en Paraguay sigue siendo un absoluto anatema, incluso en casos tan extremos como este.
“Es un atentado contra los derechos humanos”, se queja Elba Núñez, de la organización CLADEM. “Este formalmente es un Estado laico, pero hay mucha presión de sectores conservadores”, asegura María José Garcete, de Amnistía Internacional en Paraguay, ambas en conversación telefónica desde Asunción. Las dos organizaciones apoyan a la madre, que ha sido encarcelada por supuesta complicidad con el padrastro, ahora fugado, en los abusos a la niña. La madre, sin embargo, denunció el año pasado los abusos a su hija, entonces solo manoseos, pero nadie los paró.
El ministro de Salud, Antonio Barrios, que antes de saltar a la política era el médico personal del presidente, el conservador Horacio Cartes, ha descartado por completo el aborto. “Si se debía abortar, tuvo que ser antes de la semana 20. El embarazo no será interrumpido. Lo del aborto ya lo hemos descartado por completo”, ha contestado a la prensa local. El caso no es nuevo. Según las estadísticas del hospital de Clínica, el año pasado hubo casi 700 casos de niñas entre 10 y 14 años que dieron a luz. La mayoría, según las ONG consultadas, son víctimas de violaciones. A ninguna se le permitió abortar, al menos no oficialmente. Nunca se ha aplicado con una niña embarazada el artículo 109.4, que permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo para la vida de la madre. La economía paraguaya ha crecido mucho en los últimos años, pero la pobreza está muy extendida y los embarazos en niñas y adolescentes siguen siendo algo muy habitual.
La juez que lleva el caso y se ocupa de la custodia de la hija, Pili Rodríguez, del juzgado de infancia de Luque, señala en conversación telefónica con EL PAÍS: “Nuestra Constitución protege la vida desde la concepción. No se conocen en Paraguay casos de médicos que hayan interrumpido un embarazo de niñas. Hasta ahora los reportes médicos no hablan de riesgo para la salud de la niña. Serán los médicos los que decidan, no el juzgado. Nosotros debemos proteger a la niña, puesto que su padre hace tiempo que está ausente, la madre está en la cárcel y el padrastro prófugo. De eso nos ocupamos. Lo que tenemos que hacer es replantearnos el sistema de prevención para que esto no vuelva a ocurrir”, explica. El aborto no parece estar encima de ninguna mesa.
La presión internacional, una vez que el caso ha sido difundido, es muy fuerte, pero el Gobierno paraguayo no parece en absoluto dispuesto a ceder. Las ONG reclaman que se cree una junta médica independiente que evalúe los riesgos para la vida de la niña, que ellos ven evidentes por su escasa complexión, con un cuerpo para nada preparado para dar a luz. El embarazo ya está avanzado (cinco meses), por lo que los activistas reclaman que se establezca un protocolo para proteger la vida de la madre.
“El Estado paraguayo ha fallado. La madre fue hasta cuatro veces a denunciar posibles abusos a su hija. Y fue ella la que hace 13 días la llevó al médico. El primero que la vio le habló de los riesgos para la vida y por eso ella reclamó la interrupción del embarazo para salvar la vida de su hija. Y la reacción del Estado ha sido criminalizarla y meterla en la cárcel, donde teme por su vida porque las demás presas la culpan. Todo el mundo se pregunta por qué seguía viviendo con ese hombre, pero ella también es víctima de abusos y sabemos cómo son estas situaciones. La niña está ahora separada de su familia, solo puede ver dos horas a sus tías, es una tortura tremenda”, se indigna Elba Núñez.
“Han dejado pasar 13 días y ahora dicen que es demasiado tarde. Responsabilizamos al gobierno paraguayo de cualquier cosa que pueda pasarle a la niña, es muy débil, esto atenta contra la convención de los derechos del niño que Paraguay firmó”, insiste la activista. De momento la presión crece, y todo indica que se conformará esa junta independiente que las ONG reclaman, pero nadie apuesta a que el resultado sea aceptar un aborto que en Paraguay sigue siendo un absoluto anatema, incluso en casos tan extremos como este.
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