Soraine Vargas fue favorecida con una acción de amparo que contiene un astreinte condenatorio
SD. Las cuentas del procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y cuatro pasados miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, fueron embargadas por una fiscal cancelada que fue favorecida con una orden de reintegración en el cargo.
La fiscal de San Pedro de Macorís, Soraine Asunción Vargas Molina, notificó mediante acto de alguacil una oposición a derogación, entrega, liquidación y desapoderamiento de fondos por un monto de RD$18 millones, a las cuentas bancarias de Domínguez Brito, los pasados miembros del organismo, Moisés Ferrer, Víctor González, Lucas Evangelista Pérez y Kelvin Santana.
Vargas Molina alega que fue cancelada el 26 de diciembre del 2012 por el Consejo Superior del Ministerio Público, pero el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó su reintegro en el cargo.
Sin embargo, argumenta que la Procuraduría y el Consejo han cometido un desacato, al no cumplir el mandato de la decisión judicial, lo cual ha conllevado que sean embargadas retentivamente las cuentas de los funcionarios.
Sostiene que la sentencia del tribunal de jurisdicción nacional, que acoge un amparo de la fiscal destituida, impone un astreinte de RD$25,000 diario por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión.
El abogado de la fiscal, Juan Manuel Morel, informó que todos los bancos fueron notificados de que se abstengan de erogar recursos a los accionados y procederá a liquidar el astreinte impuesto.
La fiscal de San Pedro de Macorís, Soraine Asunción Vargas Molina, notificó mediante acto de alguacil una oposición a derogación, entrega, liquidación y desapoderamiento de fondos por un monto de RD$18 millones, a las cuentas bancarias de Domínguez Brito, los pasados miembros del organismo, Moisés Ferrer, Víctor González, Lucas Evangelista Pérez y Kelvin Santana.
Vargas Molina alega que fue cancelada el 26 de diciembre del 2012 por el Consejo Superior del Ministerio Público, pero el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó su reintegro en el cargo.
Sin embargo, argumenta que la Procuraduría y el Consejo han cometido un desacato, al no cumplir el mandato de la decisión judicial, lo cual ha conllevado que sean embargadas retentivamente las cuentas de los funcionarios.
Sostiene que la sentencia del tribunal de jurisdicción nacional, que acoge un amparo de la fiscal destituida, impone un astreinte de RD$25,000 diario por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión.
El abogado de la fiscal, Juan Manuel Morel, informó que todos los bancos fueron notificados de que se abstengan de erogar recursos a los accionados y procederá a liquidar el astreinte impuesto.
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