Por Nelson Marte
El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha subrayado que “la Junta no es un órgano de control de ningún Poder del Estado, por lo que no puede solicitar una licencia en el ejercicio de sus funciones al presidente Medina durante la campaña electoral”.El planteamiento viene a cuenta porque el presidente-candidato, que se ha mantenido en campaña política desde que se juramentó el 16 de agosto 2012, ha iniciado ahora de manera abierta su proselitismo, y anda “calle arriba y calle abajo”, acompañado por toda la costosa parafernalia presidencial.
Los movimientos del candidato gubernamental generan importantes gastos de su escolta, del aparataje que lo rodea, el uso de los vehículos oficiales y el combustible, los viáticos y otros costos que implica la romería proselitista del Presidente, que pagamos los contribuyentes de todos los partidos políticos, incluyendo a quienes creemos que la ambición continuista es cianuro para la institucionalidad democrática.
Esa situación deviene en abuso de los recursos del Estado, definido muy claramente en el artículo 47 de la Ley Electoral, que prohíbe “a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados (…) beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado”.
El presidente-candidato también se beneficia de una gigantesca campaña propagandística gubernamental que lo presenta como una especie de gran rey magnánimo, resolvedor de todo problema que afecte y pueda afectar a la gente. Ya habrá tiempo de sacar esa cuenta.
Él mandatario sabe más que nadie que tanto el uso directo de los recursos del Estado, como los de la publicidad estatal le dan un beneficio de ventajismo frente a sus competidores. Lo sabe, y cómo lo sabe.
Al explicar por qué se oponía a la reelección del presidente Leonel Fernández, cuando corría para quedarse en la Presidencia en 2008, Danilo dijo: “Yo no tendría ningún tipo de problemas en apoyarla (la reelección) pero esto no es Brasil, donde existen instituciones tan fuertes que el presidente Ignacio Lula Da Silva hizo un anuncio en su condición de primer mandatario que el Tribunal Supremo Electoral entendió que era una promoción política y lo condenó al pago de 400,000 dólares de multa”.
Por cierto, dijo en esa ocasión, en el programa de Bélgica Suárez en Santiago, que su temor es que un proceso reeleccionista dañe al Partido de la Liberación Dominicana al extremo de que lo saque del poder.
Según las palabras del presidente de la JCE, el presidente-candidato tiene patente de corso para servirse del Estrado sin control alguno en favor de su campaña.
Esa situación contamina la campaña electoral antes de que inicie formalmente y obligará a la oposición y a los sectores interesados en la salud y la gobernabilidad democrática del país a buscarle algún tiempo de salida.
El presidente-candidato no puede andar actuando fuera de todo control, colocado por encima de las leyes escritas y las no escritas, las del buen sentido y el equilibrio.
De alguna forma habrá que controlarlo. Eso viene.
Los movimientos del candidato gubernamental generan importantes gastos de su escolta, del aparataje que lo rodea, el uso de los vehículos oficiales y el combustible, los viáticos y otros costos que implica la romería proselitista del Presidente, que pagamos los contribuyentes de todos los partidos políticos, incluyendo a quienes creemos que la ambición continuista es cianuro para la institucionalidad democrática.
Esa situación deviene en abuso de los recursos del Estado, definido muy claramente en el artículo 47 de la Ley Electoral, que prohíbe “a los partidos políticos, a sus dirigentes, militantes o relacionados (…) beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado”.
El presidente-candidato también se beneficia de una gigantesca campaña propagandística gubernamental que lo presenta como una especie de gran rey magnánimo, resolvedor de todo problema que afecte y pueda afectar a la gente. Ya habrá tiempo de sacar esa cuenta.
Él mandatario sabe más que nadie que tanto el uso directo de los recursos del Estado, como los de la publicidad estatal le dan un beneficio de ventajismo frente a sus competidores. Lo sabe, y cómo lo sabe.
Al explicar por qué se oponía a la reelección del presidente Leonel Fernández, cuando corría para quedarse en la Presidencia en 2008, Danilo dijo: “Yo no tendría ningún tipo de problemas en apoyarla (la reelección) pero esto no es Brasil, donde existen instituciones tan fuertes que el presidente Ignacio Lula Da Silva hizo un anuncio en su condición de primer mandatario que el Tribunal Supremo Electoral entendió que era una promoción política y lo condenó al pago de 400,000 dólares de multa”.
Por cierto, dijo en esa ocasión, en el programa de Bélgica Suárez en Santiago, que su temor es que un proceso reeleccionista dañe al Partido de la Liberación Dominicana al extremo de que lo saque del poder.
Según las palabras del presidente de la JCE, el presidente-candidato tiene patente de corso para servirse del Estrado sin control alguno en favor de su campaña.
Esa situación contamina la campaña electoral antes de que inicie formalmente y obligará a la oposición y a los sectores interesados en la salud y la gobernabilidad democrática del país a buscarle algún tiempo de salida.
El presidente-candidato no puede andar actuando fuera de todo control, colocado por encima de las leyes escritas y las no escritas, las del buen sentido y el equilibrio.
De alguna forma habrá que controlarlo. Eso viene.
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