El Senado aprueba el cambio de estatus de la entidad para dar más autonomía a la capital del país
Por ELENA REINA MUÑOZ
Se acabó el Distrito Federal. La fórmula administrativa va a ser sustituida por un diseño que se asemeja más al resto de Estados de la República mexicana. Ya no habrá confusiones, se llamará sólo de una manera: Ciudad de México. Tendrá una propia Constitución y las delegaciones se convertirán en alcaldías. Estos son los principales puntos que ha aprobado este martes el Senado por 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención. Se culmina así un proceso de 15 años de intentos frustrados.
El Instituto Nacional Electoral tiene 15 días para convocar las elecciones que conformen una Asamblea Constituyente. Se prevé que se lleven a cabo el primer domingo de junio de 2016. El órgano estará compuesto por 100 legisladores, 60 refrendados en las urnas y el resto designados. No percibirán ningún salario. Su objetivo primordial será redactar la nueva constitución antes del 31 de diciembre de 2017 para que entre en vigor el primer día del siguiente año. Está previsto también que la Asamblea comience a trabajar a partir de septiembre de 2016.
La reforma, considerada “histórica” por el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, supone un avance después de 15 años atascada en el Congreso. Su autonomía ha escalado un peldaño ya que durante décadas, la metrópolis estuvo bajo el mando del presidente. No fue hasta 1997 cuando consiguió elegir su propio jefe de Gobierno. Pese a ello, el corte competencial no fue limpio y siempre ha vivido un delicado equilibrio con el palacio presidencial. Parte de estas limitaciones permanecen.
La Ciudad de México no alcanza la autonomía del resto de Estados y no podrá, por ejemplo, decidir su techo de endeudamiento. Tampoco tendrá competencias en materia de educación y servicios de salud. Se mantiene la figura del jefe de Gobierno de la ciudad, quien nombrará al procurador de Justicia y el jefe de la Policía capitalina, designaciones que antes hacía el presidente de la República.
Las 16 delegaciones metropolitanas serán sustituidas por alcaldías, pero sin autonomía financiera. Cada una estará gobernada por un cabildo de unos 10 a 15 concejales.
“Ahora vamos a tener una Constitución que no tenemos y ahí se podrán plasmar todos los derechos ciudadanos que ya hemos logrado”, señaló Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital. Se refiere sobre todo a los derechos en materia social como el matrimonio homosexual, la despenalización del aborto o la simplificación de los trámites para el cambio de género.
La reforma fue aprobada con duras críticas al sistema de financiación. Algunos senadores denunciaron que la reforma mantiene los privilegios presupuestales millonarios de los que ha gozado la capital durante muchos años. "El DF recibe 65.000 millones de pesos del para 8,5 millones de habitantes; el Estado de México, 76.000 millones de pesos para 16 millones de habitantes", aseveró una senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la entidad más poblada del país, que rodea a la capital mexicana.
Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) criticaron la fórmula para integrar la nueva Asamblea Constituyente, ya que, según denuncian, entregará una importante cantidad de espacios al PRI. De los 40 diputados designados, seis serán nombrados por el presidente y seis por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de los senadores de la bancada del PRD, Armando Ríos Piter, reconoció que la integración de la Asamblea fue una de las condiciones que puso el PRI para aprobar la reforma.
La senadora del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez, consideró que no garantiza la autonomía de las delegaciones: "Es una reforma insuficiente, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que la descentralización presupuestal y financiera sea una realidad. El gasto público debe dejar de ser una herramienta electoral disfrazada de política social".
El jefe de Gobierno de la capital señaló que durante más de 200 años la Ciudad de México no había alcanzado su autonomía. Hoy es ese día.
Por ELENA REINA MUÑOZ
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| El Ángel de la Indepencia de la Ciudad de México |
El Instituto Nacional Electoral tiene 15 días para convocar las elecciones que conformen una Asamblea Constituyente. Se prevé que se lleven a cabo el primer domingo de junio de 2016. El órgano estará compuesto por 100 legisladores, 60 refrendados en las urnas y el resto designados. No percibirán ningún salario. Su objetivo primordial será redactar la nueva constitución antes del 31 de diciembre de 2017 para que entre en vigor el primer día del siguiente año. Está previsto también que la Asamblea comience a trabajar a partir de septiembre de 2016.
La reforma, considerada “histórica” por el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, supone un avance después de 15 años atascada en el Congreso. Su autonomía ha escalado un peldaño ya que durante décadas, la metrópolis estuvo bajo el mando del presidente. No fue hasta 1997 cuando consiguió elegir su propio jefe de Gobierno. Pese a ello, el corte competencial no fue limpio y siempre ha vivido un delicado equilibrio con el palacio presidencial. Parte de estas limitaciones permanecen.
La Ciudad de México no alcanza la autonomía del resto de Estados y no podrá, por ejemplo, decidir su techo de endeudamiento. Tampoco tendrá competencias en materia de educación y servicios de salud. Se mantiene la figura del jefe de Gobierno de la ciudad, quien nombrará al procurador de Justicia y el jefe de la Policía capitalina, designaciones que antes hacía el presidente de la República.
Las 16 delegaciones metropolitanas serán sustituidas por alcaldías, pero sin autonomía financiera. Cada una estará gobernada por un cabildo de unos 10 a 15 concejales.
“Ahora vamos a tener una Constitución que no tenemos y ahí se podrán plasmar todos los derechos ciudadanos que ya hemos logrado”, señaló Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital. Se refiere sobre todo a los derechos en materia social como el matrimonio homosexual, la despenalización del aborto o la simplificación de los trámites para el cambio de género.
La reforma fue aprobada con duras críticas al sistema de financiación. Algunos senadores denunciaron que la reforma mantiene los privilegios presupuestales millonarios de los que ha gozado la capital durante muchos años. "El DF recibe 65.000 millones de pesos del para 8,5 millones de habitantes; el Estado de México, 76.000 millones de pesos para 16 millones de habitantes", aseveró una senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la entidad más poblada del país, que rodea a la capital mexicana.
Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT) criticaron la fórmula para integrar la nueva Asamblea Constituyente, ya que, según denuncian, entregará una importante cantidad de espacios al PRI. De los 40 diputados designados, seis serán nombrados por el presidente y seis por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de los senadores de la bancada del PRD, Armando Ríos Piter, reconoció que la integración de la Asamblea fue una de las condiciones que puso el PRI para aprobar la reforma.
La senadora del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez, consideró que no garantiza la autonomía de las delegaciones: "Es una reforma insuficiente, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que la descentralización presupuestal y financiera sea una realidad. El gasto público debe dejar de ser una herramienta electoral disfrazada de política social".
El jefe de Gobierno de la capital señaló que durante más de 200 años la Ciudad de México no había alcanzado su autonomía. Hoy es ese día.
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