Por Máximo Calzado Reyes
Los primeros vestigios sobre la defensa y protección de los derechos del consumidor en la República Dominicana se remontan al gobierno de Juan Bosch en 1963, al parecer influenciado por el discurso pronunciado por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso pronunció la emblemática frase: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos”. Este acontecimiento sienta las bases para que Bosch tomara una de las decisiones más importantes de su gobierno en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como lo fue de la Dirección General de Control de Precios, mediante la Ley 13-1963, como organismo encargado del control de los precios en favor y beneficio de los consumidores y usuarios. Veintidós años más tarde, el 9 de abril de 1985, la ONU aprueba las directrices sobre los Derechos del Consumidor, estableciendo una serie de recomendaciones para que los Estados miembros implementen políticas públicas en aras de garantizar la defensa y la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Es en este contexto que en la República Dominicana, por los ingentes esfuerzos de personas y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de Altagracia Paulino, quien es justo reconocer que ha dedicado más de 30 años, incluido un programa de televisión destinado a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Esto provoca que se inicien los aprestos para la aprobación de una ley con esta finalidad. Estos esfuerzos rindieron frutos positivos y ya en el año 1995 la República Dominicana, mediante Resolución No. 2-95 del Congreso Nacional, promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 20 de enero ese año, ratificó el Acuerdo de Marrakech, mediante el cual se persigue como objetivo fundamental, que las relaciones en el comercio entre proveedores y usuarios se realicen en un marco de justicia y respeto de los derechos de los consumidores. En síntesis, debemos puntualizar que con la aprobación de esta resolución, se sembró en nuestro país el germen que en el año 2005 alumbró la Ley 358-2005, sobre la Protección y Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
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