Miao Deshun participó en las protestas contra el Partido Comunista de China en 1989; fue acusado de incendiar un tanque del ejército y condenado a cadena perpetua
A 27 años de la masacre estudiantil en la plaza de Tiananmén, el gobierno chino anunció que liberará al último de los mil 600 manifestantes que fueron encarcelados el 4 de junio de 1989, durante el desalojo de la explanada. Se trata de Miao Deshun, un hombre que fue arrestado cuando tenía 25 años y ahora tiene 51. Deshun quedará libre el próximo 15 de octubre.
Miao fue condenado a muerte por incendiar un tanque del ejército durante la revuelta del 4 de junio. Su condena ha sido reducida en tres ocasiones, la última de ellas ocurrió en marzo pasado, cuando un tribunal pequinés le rebajo 11 meses de sentencia, según informó la organización Diu Hua, con sede es Estados Unidos y que lucha por los derechos de los presos políticos en China.
El hombre oriunda de la provincia de Hebei, cerca de Pekín arrojó una canasta a un tanque en llamas hecho por el cual fue declarado culpable. Aunque se trató de un delito menor su condena se extendió debido a que Deshun rechazó firmar cartas de arrepentimiento. Desde entonces ha permanecido en estricto confinamiento.
Un excompañero de cárcel declaró a la Radio Free Asia, que el preso no ha tenido contacto con el mundo exterior desde hace varias décadas, además de que hace diez años prohibió a sus familiares visitarlo. Aseguró que en ocasiones también se niega a recibir visitas de su abogado.
De acuerdo con sus declaraciones Deshun “tiene problemas mentales severos” entre ellos esquizofrenia. En 2003 fue transferido a un centro penitenciario de Pekín que cuenta con una unidad para presos mayores, que no cuentan con todas sus capacidades física o motoras.
“Damos la bienvenida a esta noticia y expresamos nuestra esperanza de que (Miao) recibirá el cuidado que necesita para reanudar una vida normal después de pasar más de la mitad de ésta entre rejas”, aseguró John Kamm, director ejecutivo de la Fundación Dui Hua, en un comunicado. La ONG ha tratado de obtener durante años toda la información posible sobre los ciudadanos que acabaron en prisión por sus vínculos con este dramático episodio de la historia reciente de China, que se saldó con la muerte de entre centenares y miles de personas. Pekín nunca ha dado un balance oficial de fallecidos.
El gobierno chino castigó a miles de personas tras la dura represión de las manifestaciones por parte del Ejército. Además del millar que envió a la cárcel, muchas más fueron destinadas a campos de trabajos forzados para que fueran reeducados al ser tachados de “contrarrevolucionarios”.
Miao fue condenado a muerte por incendiar un tanque del ejército durante la revuelta del 4 de junio. Su condena ha sido reducida en tres ocasiones, la última de ellas ocurrió en marzo pasado, cuando un tribunal pequinés le rebajo 11 meses de sentencia, según informó la organización Diu Hua, con sede es Estados Unidos y que lucha por los derechos de los presos políticos en China.
El hombre oriunda de la provincia de Hebei, cerca de Pekín arrojó una canasta a un tanque en llamas hecho por el cual fue declarado culpable. Aunque se trató de un delito menor su condena se extendió debido a que Deshun rechazó firmar cartas de arrepentimiento. Desde entonces ha permanecido en estricto confinamiento.
Un excompañero de cárcel declaró a la Radio Free Asia, que el preso no ha tenido contacto con el mundo exterior desde hace varias décadas, además de que hace diez años prohibió a sus familiares visitarlo. Aseguró que en ocasiones también se niega a recibir visitas de su abogado.
De acuerdo con sus declaraciones Deshun “tiene problemas mentales severos” entre ellos esquizofrenia. En 2003 fue transferido a un centro penitenciario de Pekín que cuenta con una unidad para presos mayores, que no cuentan con todas sus capacidades física o motoras.
“Damos la bienvenida a esta noticia y expresamos nuestra esperanza de que (Miao) recibirá el cuidado que necesita para reanudar una vida normal después de pasar más de la mitad de ésta entre rejas”, aseguró John Kamm, director ejecutivo de la Fundación Dui Hua, en un comunicado. La ONG ha tratado de obtener durante años toda la información posible sobre los ciudadanos que acabaron en prisión por sus vínculos con este dramático episodio de la historia reciente de China, que se saldó con la muerte de entre centenares y miles de personas. Pekín nunca ha dado un balance oficial de fallecidos.
El gobierno chino castigó a miles de personas tras la dura represión de las manifestaciones por parte del Ejército. Además del millar que envió a la cárcel, muchas más fueron destinadas a campos de trabajos forzados para que fueran reeducados al ser tachados de “contrarrevolucionarios”.
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