El 22 de octubre finalizó la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a propietarios, editores y directores de unos 1300 periódicos y agencias de las Américas. Las “amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas… parece ir en aumento. En lo que va del año, 30 periodistas han caído asesinados en la región”, dice su comunicado.
Además, “los insultos contra… periodistas se han multiplicado en… países, como Argentina, Colombia, El Salvador, EE.UU., Honduras y Perú”, situación grave cuando quien ataca es una autoridad estatal. En lugares como “Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú… los profesionales… han debido soportar ataques violentos, intentos de secuestro o asaltos”.
La SIP también repasó iniciativas legales que dificultarían la libertad, además “En Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación… es desastrosa… las carencias son de todo tipo… falta de papel… de energía eléctrica y… hasta la hostilidad de las autoridades… pese a todo…, subsisten medios independientes gracias a esfuerzos heroicos de propietarios, editores y periodistas”. Y concluyó condenando, además, la supresión de información en los medios digitales so pretexto de un supuesto “derecho al olvido”.
Pero las amenazas no ocurren solo en las Américas. Días pasados, Human Rights Watch (HRW) denunció que en Palestina se multiplican los arrestos y las violaciones de los derechos humanos. “Opositores pacíficos, periodistas, blogueros… cualquiera que haya apoyado un texto crítico… se expone a acabar en el calabozo y a sufrir una paliza”, advierte.
En Egipto, fue arrestado Abdel Jaliq Faruq, economista crítico, acusado de publicar noticias falsas, cargo que utiliza el régimen de Abdelfatá al Sisi para silenciar a la disidencia. La noticia coincidió con la extensión durante tres meses del estado de emergencia, que otorga al Gobierno la facultad de interceptar cualquier comunicación y de censurar periódicos y libros.
Pero el caso más sonado es el de Jamal Khashoggi. Alemania pidió limitar la venta de armas a Arabia Saudí en respuesta a su responsabilidad en el homicidio, pero el Gobierno español se niega. Sucede que España es el tercer exportador de material bélico a Riad, tras EE.UU. y el Reino Unido. Y el gobierno argumenta que “deben valorarse los pros y los contras” de cualquier iniciativa de respuesta por el homicidio de Jamal.
Por cierto, sería irónico que el gobierno español utilizara la fuerza policial para prohibir que las empresas privadas exporten lo que quieran, pero por razones morales debería terminar voluntariamente con sus exportaciones a través de la empresa Defex (51% estatal), sobre todo considerando que la Justicia está investigando 23 años de sobornos en la venta de armas a Arabia Saudí.
En fin, sobre derechos humanos y libertad, no quería olvidar la marcha de unos 7200 inmigrantes que atraviesa México hacia EE.UU., enfureciendo a Trump que ve como, irónicamente, últimamente la inmigración se ha disparado. Cerca de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, según un sondeo de The Wall Street Journal, el 61% cree que la inmigración beneficia a EE.UU., es más gente trabajando cuando trabajo naturalmente sobra -hay tanto por construir- y si hay desempleados se debe a que el Estado impone leyes como el salario mínimo que, literalmente, prohíbe que trabajen quienes ganarían menos.
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