La ley contiene la siguiente disposición limitativa, en contradicción con la intención de impulsar la generación de energía solar: “La Capacidad Agregada de todos los Sistemas de Generación Renovable conectados en la misma Red Troncal, incluyendo el Sistema de Generación propuesto, no excederá el quince por ciento (15%) de la Demanda Pico anual de dicha Red Troncal.”
Valiéndose de ese enunciado, Edesur ha congelado las autorizaciones para conectar a la red la energía servida por paneles solares. Y lo ha hecho sin proveer la debida información a los ciudadanos para que no incurran en gastos de adquisición de estos equipos.
Edesur argumenta que los circuitos ya están topados. Y que si agregaran más generación solar tendrían que ampliar la capacidad de los circuitos y de los transformadores.
Ambos argumentos están reñidos con la verdad.
En efecto, la demanda de energía es dinámica; no cesa de crecer. Por ejemplo, la compra de energía de Edesur se incrementó en 4.8% en abril-junio del 2019 en comparación con el período anterior.
Por tanto, siendo la dimensión de un circuito relativamente grande, el crecimiento de la demanda hace cupo para que se autorice la conexión de pequeños sistemas de paneles solares colocados en viviendas.
Asimismo, los circuitos y transformadores están diseñados para manejar la demanda pico durante la noche. En consecuencia, en las horas del día disponen de capacidad ociosa y no se requiere necesariamente de inversión adicional para recibir la generación de los paneles solares.
¡Oh paradoja! Un país que necesita energía para su desarrollo y una empresa distribuidora que boicotea la expansión de las fuentes de energía renovable, como la solar.
Si Edesur se siente perjudicada por lo dispuesto en la ley, lo que debería hacer es proponer que se cambie para ajustarla en lo que fuere razonable; no violarla.
Y las autoridades deberían plantear que se elimine el límite del 15%, pues ojalá este país pudiera lograr que todas las viviendas se convirtieran en fuentes de generación de energía solar, confiable y competitiva.
Voy a contar mi caso. En febrero de este año 2019 presenté a Edesur una solicitud de autorización para operar un grupo de paneles solares que instalé en mi vivienda, cumpliendo con todos los requisitos exigidos, salvo que lo hice sin haber recibido la autorización porque supuse que tenía que ser automática, al amparo de la ley.
Han transcurrido 8 meses y no la han aprobado, ni me han conectado a la red, bajo el argumento de que ya la generación solar alcanzó el 15% de la demanda en el circuito de La Castellana, donde resido.
Pero sucede que, aun en el supuesto de que en aquel momento hubiera sido cierto, desde febrero hasta octubre la demanda del circuito que sirve a la urbanización donde resido ha crecido en un múltiplo de lo necesario para aprobar mi solicitud. Por lo tanto, al no conectarme, Edesur está violando la ley.
Ahora resulta que aparte de la inversión que he hecho en el sistema, la factura eléctrica casi se ha duplicado porque Edesur cobra la energía que producen mis paneles como si fuera servida por ellos. Es decir, la empresa sustrae sin rubor recursos ajenos.
Lo anecdótico es que mientras se duplica mi factura por la energía que mi sistema inyecta a Edesur, el circuito no parece estar sobrepasado, al operar en horas de baja demanda de electricidad.
Este asunto ya se ha convertido en una pesadilla. Para evitar costos mayores ahora me veo obligado a desconectarme del circuito temprano en la mañana, conectarme al anochecer y permanecer pendiente de si se nubla o no se nubla para enchufar o desenchufar, con los inconvenientes y riesgos que conlleva.
Lo menos que pudiera hacer Edesur es informar a sus clientes que está congelada la incorporación de nueva energía solar a la red, para que no sean perjudicados al invertir alentados por una ley que no se cumple. Y autorizar la operación de todos aquellos que ya hicieron la inversión, para evitar que la pierdan.
Lo que está en cuestionamiento es si se podrá seguir viviendo en un país en el cual los ciudadanos son atropellados por el fraude a la ley, que cometen instituciones del propio Estado.
Y lo que hay que aclarar es si las políticas públicas son sólo faroles colocados para impresionar y nunca para alumbrar.
Por Eduardo García Michel
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