De lo que se trata es que la dependencia estatal ha cambiado las reglas del juego para la renovación de las licencias de fuego, creando un tortuoso proceso burocrático en el que los ciudadanos con el documento deben esperar meses para culminarlo. La práctica ha demostrado que cuando se cambian las reglas repentinamente, se abre el camino para la reaparición de “buscones” y de irregularidades administrativas.
Hasta el inicio de la gestión que encabeza el exsenador Jesús Vásquez Martínez, el trámite era sencillo, porque bastaba con ir al Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas del Ministerio de Interior y Policía, donde el interesado lo completaba en menos de una hora, previo al pago de los impuestos correspondientes y la realización de una prueba antidopaje.
Lo anterior es cuestión del pasado. En la actualidad, luego de agotar el referido proceso, hay que dirigirse a la sede del Ministerio de Interior y Policía; allí le requieren acta de no antecedentes penales, una declaración jurada del arma que conlleva el pago de más impuestos y formalizar una cita con un psiquiatra escogido por la dependencia.
La burocracia no concluye ahí, en vista de que se debe esperar alrededor de dos meses para la impresión de la licencia renovada.
Esta situación ha provocado que hayan vuelto las hileras diarias de decenas de ciudadanos procurando concluir el proceso de renovación de las licencias de porte y tenencia de armas de fuego. Los reclamos forman parte de la cotidianidad. Muchos dicen que venderán sus armas o que las usarán de manera ilegal.
En caso de que fuera cierta la denuncia de que hubo corrupción en la pasada administración, como ha dicho el ministro Vásquez Martínez, lo que se impone corregir la situación, sin afectar la agilidad del proceso.
La idea de propiciar la ilegalidad de armas registradas no parece una buena práctica, debido a que contrasta con la campaña del Gobierno para recuperar las ilegales que están en manos de la población civil, como parte de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Las autoridades gubernamentales hablan de que se trata de una estrategia integral contra la violencia y la criminalidad. Luego de haberse iniciado hace poco más en la populosa barriada de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, el Plan Nacional de Seguridad no parece haber dado los frutos esperados. Los hechos de violencia y de raterismo continúan por doquier, creando desesperanza en la sociedad.
Ninguna nación podrá avanzar significativamente en lo económico, político, social y cultural, con inseguridad ciudadana. Hasta el turismo, nuestro buque insignia de la economía, sufriría, porque los tours operadores internacionales temerán incluir a la República Dominicana entre sus principales destinos en el mundo. Y es por eso por lo que, desde las más altas instancias del poder gubernamental, se deben adoptar las acciones que sean necesarias para evitar que la delincuencia de adueñe de las calles.
Por lo pronto, el Ministerio de Interior y Policía debe revisar su burocracia respecto a la legalización de las armas de fuego, dada la realidad de que está promoviendo que las legales se sumen a los cientos de ilegales en manos de la población civil.
Por Luis Garcia
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