Es la conclusión contenida en el informe preliminar “Conversión central térmica Punta Catalina carbón a LNG (gas natural licuado)”, elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el cual se establece que el cambio en el combustible de generación de ambas plantas no producirá ingresos extras ni ahorros que puedan compensar la inversión a realizar.
La idea de convertir la matriz de generación de Punta Catalina de carbón mineral a gas natural, expresada recientemente por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, fue calificada como una operación no viable para el Estado dominicano.
El cambio, que el informe estima tendría un costo inicial de US$395.2 millones, implicaría que la central pierda su posición predominante en la lista de méritos de despacho de las plantas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
“Si se hace la conversión Punta Catalina dejará de ser la base del sistema, que lo es ahora mismo porque entrarían otras plantas de mejor eficiencia. Quedaría más atrás en el orden de mérito”, advirtió el catedrático David Medina, miembro del instituto.
Las plantas pasarían de ser unidades de base a marginales, operando según el precio del mercado spot, por lo que se estima que operarían con un 64 % del factor de despacho contrario a un 100 % con el cual trabajan en la actualidad, señala el documento.
Medina explicó que como el gas natural es un combustible más caro que el carbón mineral eso provocaría que la generación de Punta Catalina fuera más costosa. Además, generaría menos kilovatios/hora al año, aunque mantenga la misma capacidad, debido a que operaría por menos horas.
“De percibir alrededor de US$258 millones anuales en la actualidad, la central tendría pérdidas anuales cercanas a los US$55 millones. Con este resultado financiero sería difícil estimular a cualquier proveedor de gas a comprometerse con un contrato de largo plazo puesto que implicaría que el comprador es de alto riesgo”, agrega el informe.
Adicionalmente, la conversión provocaría una disminución temporal de los ingresos por venta de energía a las distribuidoras de electricidad, las que a su vez tendrían que comprar de los generadores privados a mayor precio, puntualiza.
En cuanto al objetivo de reducir el pasivo ambiental, el director del Instituto de Energía de la UASD, José Luis Moreno San Juan, indicó que no es lo suficientemente cuantioso para justificar la conversión.
Lo que implica la conversión
El informe destaca que la inversión para la conversión tendría que dividirse en tres renglones: la modificación de las calderas (US$46.25 millones) y US$263.38 millones para el suministro del combustible, que implica la construcción de un gasoducto de 125 kilómetros. El análisis descartó la opción de una terminal de gas cercana a la central por tener un costo estimado de US$486.61 millones.
Asimismo, implicaría US$85.57 millones por la energía no suplida durante la conversión, a razón de seis meses por caldera. En presentación del documento participó también la profesora Deisi Aguasvivas, miembro del instituto.
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